El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Osiptel, estableció nuevos Lineamientos de Mejora Regulatoria. Esto ayudará a diseñar y establecer normativas con mayor sustento, más eficaces y eficientes, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias en el Perú a través de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Al respecto, el presidente ejecutivo de la entidad, Rafael Muente Schwarz, indicó que, con la aprobación de los lineamientos, se establece el marco para el fortalecimiento de la buena gobernanza y la mejora continua de la política regulatoria de la entidad en el ejercicio de sus funciones normativas. “Con ello, contribuimos al desarrollo del país asegurando el desenvolvimiento eficiente de los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones y su prestación a los usuarios”, afirmó.
Como se recuerda, en el año 2018, el Osiptel aprobó los lineamientos para la elaboración de los informes de Análisis de Impacto Regulatorio. Este hito se dio con el fin de evidenciar el debido análisis de legalidad y de impacto de costos y beneficios de cada norma emitida por este organismo regulador.
Consulta temprana, agenda regulatoria anual y análisis expost
Con la finalidad de emitir normas que logren una mayor efectividad en la obtención de sus objetivos como organismo regulador de las telecomunicaciones en el Perú, el Osiptel contará con los siguientes instrumentos de mejora regulatoria: consulta temprana, agenda regulatoria, y análisis de impacto regulatorio expost.
La consulta temprana permitirá obtener información de los diversos grupos de interés de manera previa al diseño de un proyecto normativo, que será relevante para delimitar algún problema identificado en el mercado y determinar si amerita la intervención regulatoria. En tanto, con la publicación de una agenda regulatoria anual se difunden al mercado las evaluaciones regulatorias que serán desarrolladas por la entidad.
Cabe señalar que el Osiptel es el único organismo regulador y la primera institución en el país en disponer el control de la cantidad de modificaciones que se tengan previstas realizar en una misma norma durante un año. Así, la modificación de una norma será efectuada como máximo una vez durante el año calendario, salvo en casos excepcionales debidamente aprobadas por el Consejo Directivo.
Finalmente, el análisis de impacto regulatorio expost se realizará a los tres años de la entrada en vigor de las nuevas obligaciones normativas que se emitan, y de no realizarse, estas serán derogadas de manera automática, proporcionando al mercado reglas de juego claras. “Así, la vigencia de las nuevas regulaciones se determina en base a la evidencia de su efectividad”, apuntó Muente Schwarz.
